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DONDE DEMOLIERON EL PENAL,
CONSTRUIRAN UN EDIFICIO PARA EL ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION
Un plan para la ex cárcel de Caseros
El Onabe cedió la manzana donde estaba la unidad
penal desactivada hace once años. Para ello, canceló
un convenio con el gobierno porteño para urbanizar
el lugar. La obra comenzaría en 2012, con
financiamiento internacional.
Por Eduardo Videla
El predio donde hasta hace once años funcionó la
cárcel de Caseros, en el barrio de Parque de los
Patricios, podría dejar de ser, a partir del año
próximo, un lugar abandonado. El Organismo Nacional
de Administración de Bienes del Estado (Onabe), bajo
cuya órbita se encontraba el terreno, lo cedió para
la construcción de la futura sede del Archivo
General de la Nación (AGN), el organismo encargado
de conservar la memoria documental de la Argentina.
El proyecto ya fue anunciado a los vecinos, al menos
al grupo que desde hace más de un año se viene
movilizando para reclamar por la recuperación del
lugar. Para encarar la iniciativa, el Estado
nacional dejó sin efecto el acuerdo que mantenía con
el gobierno porteño para urbanizar el predio:
acusan a la gestión de Mauricio Macri de no terminar
la demolición y dejar el espacio en situación de
abandono.
Los vecinos empezaron a movilizarse en marzo del año
pasado, cuando comenzaron a detectarse en el barrio
seguidillas de asaltos y arrebatos, presuntamente
protagonizados por personas que luego de cometerlos,
se ocultaba en el baldío que quedó en lugar del
edificio que perteneció a la cárcel. Cortaron la
calle y dirigieron notas al gobierno de la Ciudad y
al Onabe, ambos organismos responsables hasta
entonces del predio. Finalmente, el Estado nacional
dispuso el desmalezamiento del predio y colocó
personal de custodia para evitar nuevas intrusiones.
Ahora, el proyecto consiste en construir un nuevo
edificio para el Archivo General de la Nación, de
baja altura y con un corredor verde en el centro. El
titular del AGN, Juan Pablo Zabala, dijo a este
diario que el organismo necesita “un nuevo edificio,
en el marco de un proyecto para modernizar el
archivo: consultamos con el Onabe si tenían un
terreno disponible”. El AGN funciona actualmente en
dos edificios, en Alem 246 y en Paseo Colón y
Humberto I, que han quedado chicos para la inmensa
cantidad de material archivado. “Estamos en un
proceso de digitalización del material fílmico y
fotográfico y el nuevo edificio será el lugar para
depósito y para consulta.”
Por su parte, el gerente general del Onabe, Adrián
Merlo, dijo a Página/12 que se “le transfirió el
predio al AGN en un trámite de asignación en uso”.
El organismo estuvo a cargo del diseño de un
borrador, a requerimiento de la AGN: la primera
etapa consta de un edificio de 6000 metros
cuadrados, con una altura de no más de cuatro pisos,
sobre la calle Pasco. En una segunda etapa habrá
otra construcción sobre Pichincha, y en el centro
quedará un corredor peatonal con espacios verdes, de
acuerdo con el proyecto de la arquitecta Amalia
Canale.
Para concretar el proyecto, el AGN “tiene un
préstamo preaprobado de la Confederación Andina de
Fomento por 13,6 millones de pesos, para la primera
parte, que serán reforzados con aportes del Estado
nacional”, aseguró Zabala. Tanto en Onabe como en el
AGN estiman que, luego de que se otorgue el crédito
y la presidenta Cristina Kirchner firme el decreto
con la correspondiente autorización, la obra estaría
en condiciones de comenzar, en 2012.
La cárcel de Caseros ocupó dos manzanas, entre las
calles Pichincha y Pasco, desde la avenida Caseros
hasta 15 de Noviembre de 1889. El penal fue
desactivado en agosto de 2000. En una de esas
manzanas, la que está sobre Caseros, se levanta el
edificio de la vieja cárcel, una construcción
histórica que no puede demolerse. En el otro espacio
estaba la llamada cárcel nueva, una mole de cemento
de veinticinco pisos, construida en la década del
’70 y demolida manualmente, a pico y maza, por
efectivos del Ejército.
Como la cárcel era federal, el terreno le pertenece
al Estado nacional. En 2001 la Nación celebró un
acuerdo con el gobierno porteño por el cual cedía
esa manzana con el compromiso de que la ciudad se
haría cargo de los gastos de demolición y de la
urbanización: el proyecto de entonces, consensuado
con los vecinos, incluía la apertura de la calle
Rondeau y la construcción de viviendas, una escuela
y espacios verdes.
La demolición finalizó en 2008, justo en el comienzo
de la gestión de Mauricio Macri. En rigor, quedó sin
demoler el muro perimetral, según el gobierno
porteño, para evitar intrusiones que, de todas
maneras, se produjeron. El gobierno nacional debía
llamar a licitación para las obras civiles, pero
nunca lo hizo: argumentó que la demolición no había
terminado.
“Hubo intimaciones y, como la ciudad no cumplió, se
dio por finalizado el convenio”, dijo a este diario
María Giorgione, gerente de Asuntos Jurídicos del
Onabe. Respecto del edificio viejo, está en manos
del Ministerio de Justicia, que prevé hacer allí
oficinas del Servicio Penitenciario Federal y un
museo carcelario. En una década, nada se ha hecho en
ese sector.
Los vecinos recibieron la novedad con una mezcla de
esperanza y escepticismo. “Hace un año que nos
mostraron el proyecto. Creo que se debería haber
consulado antes a los vecinos, pero cualquier cosa
que hagan va a ser mejor que la situación de
abandono que tenemos desde hace diez años”, dijo
Jorge Ruiz, que vive en una casa de la calle Rondeau.
“El gobierno de la ciudad asfaltó Pichincha hasta la
esquina de la cárcel y nunca puso la iluminación que
reclamamos”, se quejó. “Si ponen oficinas va a haber
más movimiento de gente. Acá se trabajaba más cuando
estaba la cárcel”, dice Laura Blanco, comerciante.
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